El caso sobre el fraude de energía eléctrica que afectó a ciudades como Mexicali, Aguascalientes, y Monterrey, será reabierto después de haberse presentado una apelación ciudadana por la participación de más de cinco funcionarios públicos que habrían presuntamente realizado tráfico de influencias para lograr la contratación de su servicio de energía solar que jamás logró culminar.

El caso judicial fue abierto en 2019 y culminó con la detención de Javier Maíz Domene, presidente de la emopresa, en noviembre del 2025 en Tamaulipas antes de intentar viajar a Estados Unidos. Fue acusado por generar un daño millonario a las finanzas públicas de los estados de Aguascalientes, Baja california y Nuevo León.

La actual titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, ha logrado que el caso vuelva a analizarse tras señalamientos y pruebas presentadas que dan nuevas perspectivas sobre el caso y que apuntan a más de un culpable. Como parte de esta nueva etapa del caso, la fiscalía logró formalizar nuevas acusaciones hacia cinco exfuncionarios de aguascalientes, estado más afectado por el fraude y de acuerdo con las investigaciones el contrato y otras partes de la investigación también señalan a la actual gobernadora Teresa Jimenez como parte clave al ser quien autorizó los pagos adelantados por miles de millones de pesos sumando a que la FGR ha dicho que se han presentado operaciones que habrían utilizado de manera irregular recursos de la federación. Aun con todo esto la actual gobernadora de Aguascalientes no fue imputada en la causa federal, pero sus ex colaboradores si.

Entre ellos ex responsables de Finanzas, Administración, Servicios Públicos, la Secretaría del Ayuntamiento y la Sindicatura, quienes participaron en la autorización y ejecución del contrato.