La semana pasada, se reveló una serie de audios en donde se dio a conocer que existe un intercambio de información entre la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila y agentes extranjeros —probablemente del FBI—. La mandataria estatal reconoció estar en contacto con un abogado que reside en Miami (EE.UU.), y que dio seguimiento a la revocación de su visado y la solicitud de su extradición. Ávila aún no esclarece si el gasto de estos servicios fue cubierto con ingresos personales; no se ha presentado algún tipo de factura o contrato que asegure transparencia. 

El perfil público del abogado norteamericano, Michael B. Nadler, muestra que sus investigaciones se vinculan con temas sobre lavado de dinero, corrupción y fraudes, delitos de los que la gobernadora del estado norteño ha sido acusada durante el último año. Marina del Pilar aseguró que ya no hace uso de los servicios del abogado estadounidense, aunque admitió haber contratado a un asesor legal del país vecino anteriormente. 

Existen muchas irregularidades entre las pruebas y las declaraciones de la gobernadora bajacaliforniana. Su mandato se ha caracterizado por polémicas y otros escándalos en donde también se ha visto involucrado su exesposo, Carlos Torres, exdiputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN). Se han generado especulaciones sobre el uso inadecuado de recursos públicos, mientras que la opinión pública, donde se encuentran ciudadanos del estado fronterizo, exige claridad en el caso.