Las últimas semanas, y después de varios meses de discusión sobre la reforma al Poder Judicial Federal, parece que tenemos una respuesta: habrá elecciones y una nueva estructura judicial.

Este ha sido un contexto lleno de tecnicismos legislativos y jurídicos que están lejos del alcance del pueblo, pero esto no significa que no lo afecten. Al contrario, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar que tengamos a los mejores funcionarios a cargo de todas aquellas actividades estatales que nos trastocan. Asimismo, debemos contar con legisladores que trabajen en beneficio de la ciudadanía, cumpliendo con las agendas partidistas y los compromisos de campaña, pero siempre con lógica política y jurídica.

La reforma presentada por Adán Augusto López, que busca preservar la supremacía constitucional y blindar la Constitución ante cualquier cuestionamiento, es sumamente peligrosa. Esto se debe a una realidad simple: Morena también ha sido oposición.

Es soberbio asumir, en primer lugar, que todas las reformas o propuestas que haga la bancada mayoritaria serán correctas; y en segundo lugar, legislar como si se fuera a estar en el poder para siempre. Legislar requiere más que solo levantar la mano y pararse en una tribuna para repetir frases comunes con el fin de descalificar a la oposición. Hay que legislar con visión política y con conciencia de que el Estado se compone bajo un sistema democrático que puede favorecerte hoy, pero quizás no en el próximo sexenio o la siguiente legislatura.

Me atrevo incluso a darle un voto de confianza a Morena y suponer que no propondrán penas de muerte o disposiciones que violen derechos humanos, pero no sabemos si mañana la mayoría será ocupada por un partido de derecha que opte por perseguir, desplazar o torturar al pueblo. Puede sonar a un ejemplo descabellado, pero esa es la realidad: el derecho debe ser progresivo, apuntando siempre a que, aun en las peores situaciones, se pueda beneficiar al pueblo.

El plan de la 4T puede tener éxito y llevar a buen puerto todas las reformas que propone. Con el Ejecutivo marcando el paso, el Legislativo aprobando sin cuestionamientos y un Judicial hecho a modo, el proyecto político del partido avanzará; sin embargo, esto no significa que sea lo mejor para todos.

La historia nos ha demostrado, no solo en México, que los planes políticos pueden ser calificados de “legales”, pero no necesariamente legítimos. Existen varios ejemplos, en su mayoría en el contexto de las guerras mundiales, pero también en las dictaduras latinoamericanas, donde, como en Chile, apenas ahora están construyendo una constitución que no derive de la dictadura. Fue una época en la que, aunque era “legal” o “constitucional” violar derechos pero esto no lo hacía legítimo.

Aun sin cuestionar la reforma judicial y sus implicaciones en el ejercicio judicial, la propuesta de la “supremacía constitucional” nos coloca en una posición peligrosa. Esto hará necesario trabajar no solo políticamente, sino también en la sociedad, para difundir información, formar políticamente a la ciudadanía y realizar un verdadero trabajo a ras de suelo. De esta forma, se evitaría que en el futuro el péndulo esté a favor de la extrema derecha.

Tenemos el reciente caso de Argentina, donde el pueblo, cansado del trabajo deficiente de la izquierda, ha buscado respuestas en la extrema derecha, la cual, sin dudar, elimina la educación pública, los derechos de las mujeres y los derechos laborales.

Es imprescindible redoblar los esfuerzos desde las militancias de todos los espacios, no solo los partidistas, para trabajar a favor de las comunidades y exigir rendición de cuentas a los poderes y sin duda alguna, mejorar la labor legislativa para que tenga dirección y efectividad a futuro.