“Mi posición de migrante me hace más sensible al dolor del mundo”, es una frase que leí un día y me tocó tanto que ha vivido en mí, porque es la verdad. Siempre pude percibir con empatía y desde cuestiones teórico-políticas las travesías de los migrantes, desde terrestres hasta burocráticas, pero ahora que vivo lejos de mi familia, de los míos y de mi idioma, puedo sentir con mayor intensidad aquellos duelos de las personas que hemos tenido que vivir fuera de casa.

Me es difícil imaginar que en pleno dos de octubre, en un día que nos ha servido como memoria sobre los ataques de los que son capaces los militares, nuevamente hayamos tenido que ser testigos de la crueldad humana que envuelve el hecho de que elementos de la Guardia Nacional hayan disparado contra una camioneta con migrantes. Partiendo de su prejuicio, dijeron que eran camionetas como las que usualmente usa el crimen organizado y, como evadieron un filtro de seguridad, eligieron el uso de la fuerza, que, además de desproporcionada, fue cruel e inhumana.

La presidenta declaró que los elementos ya son investigados por la justicia militar y también por la Fiscalía General de la República, pero más allá de eso, tenemos que pensar en la serie de decisiones y hechos que nos han encaminado a este suceso. El gobierno no es responsable de las razones que han llevado a estas personas a salir de sus países, pero para sorpresa de todos, en su mayoría provenían de Asia (un caso inusual) y estaban en una carretera de Chiapas porque seguramente tuvieron que buscar un mejor futuro; pero sí es responsable de que se hayan encontrado con elementos de entrenamiento militar, haciendo labores de seguridad pública, que les hirieron y algunos otros les asesinaron.

No es posible la paz ni la justicia social con militares a cargo de la seguridad en un mundo que constantemente nos obliga a salir de casa para buscar paz, mejores salarios, seguridad o simplemente desarrollarnos. Todos somos migrantes o venimos de familias que tuvieron que moverse del campo a la ciudad para mejorar la calidad de vida, para contar mejores historias, para disfrutar la vida y, sobre todo, para tener un mejor final.

Además de la destitución, investigación y posible sanción a los responsables, las autoridades de migración deben también desarrollar políticas públicas y medidas encaminadas a garantizar la no repetición de actos que atenten contra los derechos humanos, como es el derecho de tránsito de las personas migrantes.Tenemos que dar un paso más allá de la justicia punitivista que soluciona crímenes con destituciones y/o castigos de cualquier tipo. Debemos trabajar desde la administración pública y los espacios colectivos para buscar medidas preventivas eficientes que nos lleven a garantizar que actos como este o los que normalmente son cometidos por las fuerzas armadas no se repitan.

No basta solo con enfocarse en las personas que tienen nacionalidad mexicana; hay que gobernar también para aquellos que han elegido Mexico como un sitio seguro para establecerse o como un país de tránsito hacia su destino final. Hay que cuidar las vidas de niños, niñas y adolescentes que, por alguna razón, tuvieron que abandonar su hogar, garantizando salud, seguridad e integridad física.

Estamos aún a tiempo de mejorar la estrategia migratoria que ha dejado morir calcinadas a personas, que hace retenes en la frontera sur y que tiene campamentos en plena capital del país. Se puede y deben respetar sus derechos, procurar bienestar y garantizar que el territorio mexicano sea un sitio seguro para cualquier persona, sobre todo para aquellas que han tenido que migrar.